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El RDL 9/2011

En los últimos años, hablar de Real Decreto-ley  en el ámbito farmacéutico equivale a hablar de recortes. Todos conocemos los perniciosos efectos que tuvo en el sector el ya lejano Real Decreto-ley 5/2000 y que recientemente ha encontrado continuidad con otras dos normas cuyo nombre también resultará familiar al farmacéutico aunque sea poco ávido a recordar disposiciones normativas: el Real Decreto-Ley 4/2010 y el Real Decreto-Ley 8/2010.

El último de la lista, por el momento, es el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.

El paquete de medidas introducido por la norma incluye la prescripción por principio activo, el endurecimiento del sistema de precios de referencia (eliminando la gradualidad y suprimiendo la protección para innovaciones galénicas), la ampliación hasta el 15% de la deducción aplicable a algunos medicamentos sin genérico, o el establecimiento de un sistema de precio seleccionado en algunas categorías de especialidades.

Son, por tanto, medidas de gran calado y que prevén, según estimaciones Ministeriales, la consecución de unos ahorros de unos 2.400 millones de Euros anuales para el Sistema Nacional de Salud (que se añaden a los 2.500 millones de los RDL 4/2010 y 8/2010), a costa básicamente de los tres principales agentes del sector como son la industria, los distribuidores y la Oficina de Farmacia.

Es cierto que en los momentos actuales las administraciones públicas tienen el inexcusable deber de tomar las medidas necesarias para contener el gasto farmacéutico y asegurar la prestación farmacéutica actual y futura, como derecho fundamental del ciudadano. No obstante, hacer que una y otra vez las medidas recaigan sobre unos agentes especialmente castigados en los últimos años con recortes no sólo en márgenes, sino también en precios de venta, no parece ni es la solución idónea y puede tener consecuencias indeseadas a corto plazo.

A todo ello hay que sumarle el problema de los impagos en muchas autonomías, lo que deja a muchas farmacias en una difícil tesitura. Con todo, las tímidas medidas de apoyo a la farmacia rural anunciadas por el mismo RDL 9/2011 no son, ni mucho menos, suficientes, ni llegan donde deberían llegar, siendo más bien una simple operación de «maquillaje» que no aportará soluciones, como tampoco las están aportando medidas como las dosis unitarias, anunciadas «a bombo y platillo», pero con escasa sustancia y aplicabilidad práctica.

Hacen falta nuevas propuestas. Nuevas  políticas de austeridad centradas en otros ámbitos donde el control del gasto no se haga a costa exclusiva del farmacéutico, el distribuidor o los laboratorios. Y todo ello aunque suponga dar marcha atrás respecto de los recortes iniciados el año 2000 y que tanto se han acusado en los últimos dos años. Quizá también es hora de dar un impulso definitivo a la labor de promover la función de la farmacia como centro sanitario, prestador de servicios de alto valor añadido que deben ser retribuidos adecuadamente.

De continuar como hasta ahora, las perspectivas son, lamentablemente, muy negativas. Está previsto que el total despliegue del RDL 9/2011 suponga una caída anual del gasto farmacéutico en los dos últimos meses de este año de entre el 8 o el 9% y esto se va a notar en todas las tipologías de farmacia, en su nivel de empleo y en la calidad de sus servicios.

Esperemos pues que la próxima vez que veamos publicado en el BOE un Real Decreto-ley sea para dar un verdadero cambio de rumbo a la situación que permita la viabilidad y continuidad de un servicio público y de interés general como es la prestación farmacéutica. Entonces sí que encontraremos adecuada la utilización de esta figura normativa que la propia Constitución reserva únicamente para los casos de extraordinaria y urgente necesidad. •

Daniel Autet Gubieras y Antonio Durán-Sindreu Buxadé

 

 

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