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Ya no sólo estamos sujetos a las rebajas impuestas por el Gobierno central, sea quién sea el que se siente en el sillón, sino que los gobiernos de las Comunidades Autónomas también están poniendo en marcha o planificando medidas de restricción de la prescripción y dispensación de medicamentos, que vuelven a socavar la economía de nuestras empresas.

Lo vimos con los RDL aprobados el año pasado por el Gobierno y lo estamos viendo estos días con el catálogo de financiación restringida de medicamentos puesto en marcha por la Xunta de Galicia. Una medida, la gallega, que desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) hemos rechazado por la inseguridad que crea a las empresas del sector, por considerar que vulnera el reparto competencial del Estado y por restringir a los gallegos el acceso a medicamentos legalmente financiados en España. Y hay más ejemplos en otras CCAA menos llamativos pero igual de preocupantes.

Hoy, la crisis; mañana, ya veremos

 El argumento actual para estos ataques (ayer era otro), la crisis económica: la falta de presupuesto pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de salud y hace necesario recortar gastos.

Y aquí, podríamos hacernos muchas preguntas, pero se me ocurren algunas sobre las que deberíamos reflexionar: ¿Por qué siempre somos los mismos los afectados por los recortes para garantizar la sostenibilidad del sistema? ¿En qué invierten las Comunidades Autónomas ese dinero que año tras año hemos aportado desde el sector farmacéutico? ¿Asignan los gobiernos autonómicos el suficiente presupuesto a la sanidad? ¿Se han parado a pensar los gestores públicos el valor añadido que el servicio de la oficina de farmacia y la distribución farmacéutica aporta a la salud de la población y al propio sistema?

No son cuestiones que haya que dejar pasar. Los que trabajamos día a día en la distribución y en la oficina de farmacia sabemos cuánto hemos aportado ya al sistema y el valor añadido que la accesibilidad al medicamento y la atención de un profesional sanitario a pie de calle aporta a los ciudadanos. ¿Es que los gestores no valoran esto? ¿Por qué insisten en ponernos contra las cuerdas y comprometer este servicio?

Porque, si se tambalea nuestro sector, lo que el ciudadano y el gestor se juegan es el acceso a los medicamentos. Si nos siguen exprimiendo, lo que peligra es el modelo solidario de distribución. Las medidas de recorte del gasto farmacéutico que se están aplicando en las CCAA distorsionan el mercado nacional y ponen en riesgo este modelo solidario, y, por tanto, el acceso de las oficinas de farmacia (y de los pacientes) a los tratamientos.

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Las empresas de distribución no sabemos hasta cuándo vamos a poder soportar estos constantes ataques sin un deterioro de nuestro servicio. Lo que es seguro es que la distribución trabajará por y para la oficina de farmacia y, como hasta ahora, le servirá de parapeto para paliar, en la medida de lo posible, el impacto de las medidas que se van sucediendo.

Pero, ¿qué pasará si los gobiernos insisten en este tipo de medidas? Sinceramente, creo que la respuesta ya la sabemos: la prestación y el modelo farmacéutico que hoy conocemos tendrá que cambiar. Y ahí, como en todo, la distribución farmacéutica estará al lado de la oficina de farmacia.

Quizás lo que deberíamos plantearnos en el canal de suministro de medicamentos es si es conveniente actuar y hacer ya esa reflexión sobre el modelo y los servicios que prestamos, antes de que vengan otros a imponernos un nuevo sistema. Nosotros queremos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer: llevar a cada una de las farmacias españolas todos los medicamentos a todas horas.

 

Antonio Mingorance

Presidente de FEDIFAR

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