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Llega a resultar exasperante ver a todas horas en los medios imágenes de los representantes de la CEOE y los sindicatos sentados negociando sin llegar a ningún acuerdo serio salvo el de pasar el día de la Constitución al lunes. Mientras, el Gobierno da un ultimátum, y avisa que si no hay consenso tomará la iniciativa legislativa.

La Administración se empeña en buscar soluciones a esta grave situación, siendo ellos parte del problema con su práctica habitual de impago a sus proveedores y prestadores de servicios. Ellos son los responsables de parte de la destrucción del tejido empresarial, y por tanto del paro en España. En el año
2010 aprobaron una modificación de la Ley de Morosidad del año 2004 con el objetivo de adaptarse a los efectos de la crisis económica que se ha traducido en un aumento de impagos, retrasos y prorrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los sectores y en especial a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia del crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen complicada su actividad en el contexto económico actual.

Pues bien, ¿cómo es posible que sea el propio legislador el mayor incumplidor de la Ley? No se dan cuenta de que están poniendo en peligro la subsistencia de muchas Pymes de este país. Y que son las Pymes las que generan casi el 70 % del PIB de España y el 90% del empleo.

Hablan de hacer una reforma que corrija desequilibrios y permita aprovechar las condiciones de nuestras empresas con el fin de mejorar la competitividad y lograr un crecimiento equilibrado de la economía que nos permita crear empleo de forma estable, y al mismo tiempo ponen en marcha medidas en el sector del medicamento que se traducen en que muchas grandes compañías farmacéuticas se están planteando la deslocalización de sus sedes de investigación fuera de España, despidos de personal en los laboratorios y farmacias en concurso de de acreedores.

Aquí la única solución válida pasa por un gran pacto para la sostenibilidad del actual modelo sanitario, que requiere consensuar soluciones estructurales y valientes entre todos los partidos políticos y los agentes implicados. Mientras pretendamos que las ineficiencias del sistema, las faltas de previsión y la mala gestión de los recursos sean financiadas, en mayor medida, por los mismos de siempre, la Industria, la distribución y la oficina de farmacia, el problema perdurará hasta que un día no muy lejano nos encontremos que la hucha se ha vaciado, y entonces no habrá vuelta atrás. Nos habremos cargado un modelo sanitario que es, según la OMS, uno de los mejores del mundo.

El gasto sanitario español representa un 8,5% del PIB, mientras que en países como Francia, Alemania o Suiza está en el 11,2 %, 10,5% y 10,7% respectivamente. En estos países el gasto sanitario es mayor, y pese a ello, el grado de satisfacción del usuario es menor que en España. Quizás debamos plantearnos si no estamos dedicando una cantidad insuficiente de recursos a la Sanidad en nuestro país, quizás deberíamos hacer más medicina preventiva, quizás estemos gastando sin establecer prioridades, quizás la OMS tenga razón cuando dice que la mala gestión absorbe entre el 20 y el 40% del gasto sanitario, quizás… •

Manuel Valido Torres
Presidente de Cofarca

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